El 12% de las reparaciones ilegales de España se localizan en Castilla y León

Con el fin de mejorar las vías de colaboración entre administraciones y organismos para luchar contra el fraude que supone la actividad de los talleres ilegales, las patronales Anfac y Ganvam se han reunido en Valladolid con la Guardia Civil y responsables de Industria y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Durante la jornada técnica, se ha puesto de manifiesto que esta comunidad autónoma concentra el 12% de las reparaciones ilegales que se registran en todo el país.

Según la fotografía geográfica de las provincias de la región, Valladolid es la provincia que más actividad ilegal presenta, seguida por León y Zamora. En el extremo contrario encontramos Segovia y Soria como las que menos talleres piratas concentran.

Los datos referentes a Salamanca, a partir de la campaña de inspección llevada a cabo por la Guardia Civil, revela que uno de cada tres negocios en esta provincia operan de forma ilegal.

“Nuestro principal objetivo es defender y proteger férreamente los intereses de los talleres que cumplen con todas las normativas. Esto no es una caza de brujas. De lo que se trata es de que no haya impunidad frente a aquellos que operan al margen de las reglas del juego y perjudican seriamente los negocios de los que se esfuerzan en cumplir con todas las de la ley”, afirma el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres.

Y es que, la actividad de los piratas supone un importante lastre para el sector, puesto que no cumplen con las obligaciones de Hacienda, la Seguridad Social, Industria ni Consumo. De hecho, las pérdidas alcanzan los 230 millones de euros anuales en impuestos y 112 millones de euros al año en cotizaciones sociales.

Además, son un fraude para el consumidor y un peligro para el medio ambiente, dado que no existe una correcta gestión de los residuos que generan.

Por su parte, la jefa de Servicio de reglamentación y seguridad industrial de la Dirección General de Industria y Competetividad de la Consejería, Miriam Conde, “la reciente modificación de la Ley de Industria, tanto en el ámbito estatal como autonómico, permitirá iniciar expedientes de paralización y de cierre de los talleres clandestinos, lo que supone actuar con mayores garantía y mayores probabilidades de éxito”.

El éxito urge, más teniendo en cuenta que, según cifras aportadas durante la jornada, el 20% de los talleres de Castilla y León son ilegales y que su facturación llega a los cien millones de euros.