Los Mossos d'Esquadra han cerrado el establecimiento y han denunciado a su propietario por operar sin licencia, mala gestión de residuos y una conexión ilegal a la red eléctrica. La intervención se produjo tras detectar un vertido de residuos y una instalación eléctrica fraudulenta.

El joven de 21 años estaba reparando un coche cuando este cayó sobre él y quedó atrapado. La Guardia Civil investiga si el elevador falló por un motivo mecánico y ha descubierto indicios de que era un taller clandestino..

Tras registrar más de 60 establecimientos, confiscar varios automóviles, equipos de comunicación, documentos y encontrar más de 100.000 euros en efectivo, las autoridades han detenido a 13 personas por los delitos de fraude, falsificación y blanqueo de capitales.

Los residentes del complejo han descubierto un vecino operando en plazas vacías del aparcamiento del edificio, lo que les ha generado diversas molestias y preocupaciones ante la falta de acción por parte de las autoridades.

Los vecinos aseguraban que era habitual tener que sortear vehículos levantados, mal estacionados o manchas de aceite a la hora de caminar por la vía pública.

El responsable del establecimiento, que carecía de todo tipo de permisos, aseguró desconocer su procedencia por lo que se enfrenta a un delito de receptación.

Hay tres detenidos, los dos atracadores y el responsable del taller que colaboraba con ellos facilitándole los vehículos.

El Seprona, en colaboración con los agentes municipales, ha interpuesto trece y nueve denuncias, respectivamente, a los propietarios al carecer de todo tipo de permisos.

El dueño, detenido por la Policía, se aprovechaba de los inmigrantes, en situación irregular, para obligarles a trabajar bajo condiciones mínimas de seguridad.

En la misma provincia, el Seprona ha clausurado además otro establecimiento situado en una planta baja de un edificio en el municipio de Amposta.

El suceso tuvo lugar el pasado lunes en el municipio de Puig d'en Valls. Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales.

El responsable había recibido denuncias en los años 2014, 2015, 2016 y 2019. En esta ocasión, los agentes han precintado las instalaciones como medida preventiva.

El negocio se enfrenta a multas de hasta 300.000 euros por carecer de todo tipo de licencias para su funcionamiento.

Ambos carecían de licencia o permiso alguno aunque uno de ellos contaba incluso con cabina de pintura no homologada.

El responsable contaba con un trabajador de forma ilegal y se enfrenta a sanciones de hasta 100.000 euros por la gestión de residuos.

La colaboración entre la policía local, nacional y autonómica ha permitido que la operación terminase con el levantamiento de actas y la denuncia por deshacerse de los residuos a través de la red pública de alcantarillas.

Han participado representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Inspección Provincial de Trabajo y la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez), entre otras entidades.

Además de la actividad propia de reparación de vehículos, en el registro se encontraron diversas sustancias estupefacientes y diversas especies de aves.

En la intervención policial se detectó un pozo ilegal y defraudaciones en fluido eléctrico.

Se habían levantado numerosas actas por temas como la falta de licencia, realizar actividades no permitidas en la vía pública, ruidos o tener trabajadores sin contrato.