El Gobierno agregará 350 millones de euros al Moves III y alcanzará una "cifra histórica"

El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado este jueves 27 de junio que dotará de 350 millones de euros adicionales a la prórroga, hasta finales de año, del Plan Moves III de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de recarga.

La ampliación de fondos incluye 200 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado o PGE y 150 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), con lo que este programa alcanza la "cifra histórica" de 1.550 millones, según explica el Ministerio en una nota de prensa.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya hablaba la mañana del jueves de una dotación adicional de 200 millones de euros para dar cobertura a la demanda prevista en los próximos meses, después de que la iniciativa, que decaía en julio, se haya prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024.

Apoyo a la movilidad eléctrica

El Ejecutivo justifica la ampliación del plazo de este programa por la "necesidad de proporcionar certidumbre" a todos los agentes del sector, "evitando periodos de inseguridad que puedan redundar en una paralización del despliegue de la movilidad eléctrica".

"Resulta imprescindible seguir apoyando el impulso de la movilidad eléctrica en nuestro país", se insiste en el documento.

A esa cuantía se suman ahora 150 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aclara el Ministerio.

1.200 millones de presupuesto total

El Moves III nació con una dotación inicial de 400 millones de euros, pero luego, ante el gran número de solicitudes, se hicieron dos ampliaciones presupuestarias que lo elevaron hasta los 1.200 millones.

Inicialmente, el programa iba a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, pero el Gobierno lo amplió en noviembre de ese año siete meses más, hasta este 31 de julio.

Los últimos datos del IDAE, coordinador de esta línea que gestionan las comunidades autónomas, revelan que quedan 131,27 millones de euros pendientes de asignación.

No obstante, la cantidad puede ser inferior porque los datos se van actualizando con la información que llega de las autonomías.

El Moves III siguió a otros dos planes anteriores de ayudas, que tuvieron una cuantía menor.

Así pues, el Moves I, nacido en 2019, en el ejercicio previo a la crisis sanitaria del coronavirus, cuando aún no existían los fondos de recuperación, tuvo una dotación de 45 millones de euros; en tanto que el II, con sus ampliaciones, llegó a los 93,86 millones, con solicitudes, en este último caso, por importe mayor al presupuesto.

Nuevos incentivos

Adicionalmente, el departamento que dirige Teresa Ribera ha activado nuevas líneas de incentivos para electrificar la movilidad lanzando a consulta pública previa 50 millones de euros para un nuevo Moves Flotas Plus y 150 millones para un Moves Corredores, este último para financiar el despliegue de puntos de recarga, sobre todo, en tramos de carretera sin suficiente implantación.

También introduce otra consulta previa, esta vez para la elaboración de un real decreto que regule un mecanismo de créditos de electricidad renovable en el transporte (e-credits),que podrán venderse, además, a los operadores de combustible obligados a introducir energía verde en el mercado.

A los fondos anteriores se añaden 50 millones de euros en concepto de ampliación del Moves para vehículos pesados del Ministerio de Transportes, dotado inicialmente con 400 millones.

Mandato a Red Eléctrica

La norma recogida en el último BOE establece, además, un mandato a Red Eléctrica, como operador del sistema eléctrico, para la puesta en marcha de un sistema de información dinámica de puntos de recarga.

En este sentido, recuerda que la regulación española ya contiene actualmente las disposiciones necesarias para disponer de la información de carácter estático de la infraestructura de puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos.

Sin embargo, "surge ahora la necesidad urgente de adecuar los procedimientos existentes para la obtención de la información de carácter dinámico de estas infraestructuras".

Esta información servirá para "empoderar" a los consumidores con datos a tiempo real de los precios y disponibilidad para la carga de los vehículos eléctricos, mejorando el conocimiento de las diferentes alternativas para la recarga existentes en ruta.

Evitar "efectos perniciosos" en la demanda

El real decreto-ley incorpora, asimismo, los cambios en el Impuesto de Sociedades para promover, mediante incentivos, la inversión en nuevos vehículos eléctricos e instalaciones de recarga que anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero avanzó que se establecería la libre amortización de esta prestación patrimonial para las inversiones efectuadas en 2024 -en el primero y segundo semestre- y en 2025 en nuevos eléctricos e infraestructuras.

Ello se aplicaría, también, a los autónomos que tributasen por el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF).

"Cualquier medida de este tipo que no fuera adoptada de manera urgente, tendría efectos perniciosos en la demanda y podría provocar una parálisis del mercado altamente indeseable", sentencia el texto, según informa EFE.