Detienen a 75 personas por fraude en el Plan Pive

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Preveo, a un total de 75 personas en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería, e investiga a otras 29, por un fraude masivo en el Plan Pive.

De momento, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado la puesta en libertad con cargos de estas personas, entre ellas compradores a los que el vendedor del vehículo nuevo ofrecía la posibilidad de transferir a su nombre un coche que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan Pive.

Dichas prácticas hacían que estos se pudieran beneficiar de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo.

Posteriormente, los concesionarios enviaban a los interesados en esta ‘transacción’ a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, pagando entre 150 y 400 euros por ello.

Las investigaciones comenzaron a finales de 2015, tras la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) al que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un automóvil que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de la mencionada provincia.

Tras las anomalías detectadas en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días sin consentimiento del denunciante, la Benemérita llevó a cabo una inspección en el establecimiento.

Para beneficiarse de esta ayuda, cuyo importe variaba con arreglo a las bases de cada convocatoria, era necesario dar de baja un vehículo propio con una determinada antigüedad, sin que se exigiera un tiempo mínimo en la titularidad del vehículo entregado hasta marzo de 2015, fecha a partir de la cual, con el Plan Pive-7 se requería que la titularidad fuese de un mínimo de un año.

Teniendo esto en cuenta, la Guardia Civil procedió a tomar declaración individualizada a los antiguos propietarios de los vehículos que aparecían en la documentación que había sido intervenida en el desguace, los cuales estaban convencidos de que sus vehículos habían sido dados de baja al entregarlos en el mismo.

Entre los detenidos hay 44 personas que obtuvieron ayudas públicas y que están imputados por estafa; 11 relacionadas con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, por estafa y falsificación de documentos, y 20 titulares, gerentes o empleados de gestorías, por usurpación de identidad y falsificación para cometer la estafa.

Por otro lado, desde Faconauto condenan “las prácticas ilícitas investigadas por la Guardia Civil, que son totalmente residuales, y que se podían haber evitado mediante la exigencia de la titularidad del vehículo a achatarrar durante al menos los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda, requisito que se implantó en la última edición (Pive 8)”.

Asimismo, la patronal recuerda que los Planes Pive han permitido renovar y retirar de la circulación 1.183.000 vehículos con una media de 16 años de antigüedad, propiciando una recaudación de 3.398 millones de euros en impuestos y generar 78.340 empleos directos.