Un policía de Huelva, acusado de inducir al dueño de un taller a inflar facturas

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva sentará en el banquillo de los acusados al que fuera subinspector de la Policía Nacional de Huelva en 2013, por un delito de estafa, al solicitar a un taller que inflara las facturas correspondientes a la reparación de los coches policiales y quedarse con el sobreprecio.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, del que se ha hecho eco el diario Viva Huelva, los hechos se remontan a 2013, cuando el subinspector era el responsable del área de automoción de la comisaría y entre sus responsabilidades figuraba la gestión de las reparaciones de los vehículos oficiales.

Entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, pidió al dueño de un taller de Huelva que inflara las facturas para quedarse con la cantidad de más.

“El acusado acudió al establecimiento […] a cuyo encargado, movido por un afán lucrativo, solicitó un incremento ficticio de las facturas correspondientes a la reparación de varios vehículos policiales, haciendo así que las mismas fueran por importes superiores a los reales, incorporando a su patrimonio la diferencia entre el valor real de la reparación y la cantidad facturada a la Dirección General de la Policía”, señala el texto de la Fiscalía.

En cuanto al responsable del taller, en un primer momento fue detenido e imputado; sin embargo, fue absuelto al entender el tribunal que actuó “determinado a ello para conservar el volumen de encargos y trabajos que le suponía la flota de vehículos de la Policía, no tratando de obtener un lucro ilícito en la actividad, sino de realizar los trabajos remunerados propios de su dedicación profesional”.

Presuntamente, el acusado indujo al taller a sumar horas de mano de obra, instalaciones de neumáticos que no se llegaron a comprar y la reparación de un embrague, operaciones por las que se embolsó 476 €.

La Fiscalía lo acusa de un delito continuado de falsificación de documento público-mercantil y de fraude de funcionario público por estafa.

Por ello, solicita entre tres y cuatro años de prisión, además de inhabilitación como policía nacional o de cualquier otro cargo público y una indemnización de 476 € para la Dirección General de la Policía.