Agujero negro para la salud financiera de todas las comunidades, la economía sumergida preocupa especialmente en los últimos meses en el País Vasco. Más si cabe, tras los datos proporcionados por el Instituto Vasco de Estadística y de los que informa Onda Cero. Y es que, según sus estimaciones, estas actividades sin declarar e ilegales alcanzaron los 9.318 millones de euros en dicha región durante 2022. Una cantidad que supuso el 10,7% del PIB de ese año y, en comparación con 2020, representa un aumento de 1.803 millones.
Por sectores, en el que se estima un mayor volumen de economía sumergida es el de comercio -donde figura incluido el sector de reparación de vehículos- transporte y hostelería, donde supuso el 25% de su actividad en 2022. Le sigue la construcción, cuya actividad sumergida aportó un 23,5% y las actividades inmobiliarias, cuya actividad sumergida aportó el 16,6% del total del VAB generado por el sector.
Según ha precisado Eustat, se ha considerado actividades sumergidas a "aquellas actividades productivas legales que se ocultan de manera intencionada, en parte o totalmente, a las autoridades públicas, generalmente para evitar el pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social".
