El coche conectado genera controversias a medida que avanza el desarrollo tecnológico, pues distintos operadores lo han considerado, en foros como el Mobile World Congress de Barcelona, “el terminal de telecomunicaciones más sofisticado”, superando a los teléfonos inteligentes.

A la preocupación que despierta el coche conectado entre el sector multimarca (Conepa, Cetraa y los talleres europeos) por lo que puede suponer para la libre elección de taller, y a la desconfianza que despierta entre los conductores hay que sumar las cuestiones legales relativas a seguridad y privacidad.

Por eso, el Consejo General de la Abogacía Española ha elaborado un artículo en su web en el que expone sus reflexiones al respecto.

Y parte de una pregunta muy concreta: ¿qué cuestiones nuevas deben llamar la atención al estudiar los retos jurídicos del coche conectado respecto al ‘smartphone’?

En el coche conectado se producen múltiples flujos de datos: con otros vehículos, con los fabricantes, prestadores de servicios, gestores de infraestructuras u otros dispositivos conectados a Internet.

Para la Abogacía, “la respuesta no es sencilla”, aunque el motivo fundamental podemos encontrarlo en la capacidad de agregar y crear perfiles muy precisos.

“Si a los datos de nuestro ‘smartphone’ le añadimos todo tipo de datos biométricos y de conexión con distintas plataformas, además del grave riesgo que existe de hackeo de un automóvil, las cuestiones de privacidad y seguridad cobran una importancia extrema”, asegura.

La Unión Europea no se ha mantenido ajena a este debate. Tal y como recuerda el artículo, el nuevo Reglamento general de protección de datos (aprobado y pendiente de publicación) ofrece mecanismos de protección.

De hecho, la normativa recoge el derecho a la privacidad por defecto y por diseño, la portabilidad de los datos, el principio de transparencia, el consentimiento y la finalidad, además del derecho al olvido y a estar desconectados.

Por otro lado, desde un punto de vista legal, otra complicación añadida es la de la delimitar la responsabilidad. En caso de fallos técnicos, pérdida de datos o siniestros, ¿quién será el responsable?

La lucha se vaticina encarnizada entre aseguradoras, fabricantes, proveedores de servicios y el propio conductor.