Multas de hasta 150.000 euros por usar software para TPV no certificado en el taller
Con la nueva normativa, que entrará en vigor el 11 de octubre, podrán ser sancionados pymes y autónomos que usen software no certificado, así como fabricantes y distribuidores por difundirlo, según La Casa del TPV.
La Casa del TPV ha avisado a autónomos y pymes sobre las nuevas medidas para evitar el fraude fiscal en TPVs y software de contabilidad, que entrarán en vigor el próximo 11 de octubre. Así, las diferentes administraciones se encuentran inmersas en un proceso de renovación y adaptación para obtener toda la información posible de las transacciones realizadas en bares, comercios y otros establecimientos como los talleres de reparación de coches, de cara a la tributación correcta y la transparencia en fiscalidad.
Al respecto, a pesar de que los pagos con tarjeta han aumentado en el último año y medio, entre otras cosas por la campaña higiénico-sanitaria de promoción de pagos contactless con motivo de la Covid-19, la hacienda pública considera que los abonos en metálico posiblemente no se estén reflejando de forma correcta en la contabilidad de autónomos y empresas.
Por este motivo, en julio de 2021 se han incorporado nuevas disposiciones, en concreto un artículo que exige la certificación del software, también el que gestiona cada TPV como garantía de que la contabilidad no se puede alterar de ningún modo.
La nueva disposición se dirige tanto a fabricantes de software para TPVs y contabilidad como para distribuidores o clientes que utilice la aplicación. Así, el negocio que adquiere el programa de gestión de los pagos para su uso diario también puede ser sancionado. Esto implica que cualquier establecimiento debe usar software certificado ante la Administración Pública, que garantice que no se pueden llevar contabilidades paralelas, alterar las cuentas y los pagos recibidos.
Multas desde 50.000 hasta 150.000
En caso de no cumplir con los nuevos preceptos legales, existe sanción económica de diferente cuantía en función de varios factores. Fabricantes y distribuidores se enfrentan a multas de hasta 150.000 por ejercicio en el que se haya comercializado la aplicación, a lo que se sumarían 1.000 euros por cada sistema vendido sin cumplir la norma.
En el caso de los negocios que tengan y utilicen software sin certificar, la multa ascendería a 50.000 euros, también por ejercicio. Por este motivo, es aconsejable que si se tiene un software no certificado o se desconoce su naturaleza, se cambie lo antes posible, ya que si llega una inspección dentro de dos o tres años, la multa se multiplica.
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