ZBE: El Gremi de Barcelona, a la espera del siguiente paso del Ayuntamiento

Esta es la situación: el TSJ ha anulado la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad Condal, dando la razón al Gremi de Tallers de Barcelona.

Sin embargo, la sentencia no tendrá efecto inmediato: tal y como ha explicado Ramón Casas, secretario general del Gremi en declaraciones para Infotaller, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal tiene un mes para presentar un recurso de casación ante la justicia.

Así se lo ha detallado Casas a la periodista: "De momento vamos a esperar para proceder. Vamos a ver qué posición adopta el Ayuntamiento, porque tiene un mes para presentar un recurso de casación. Si no lo presenta, la sentencia será firme y se hará efectiva. Si lo presenta, actuaremos en consecuencia: estamos valorando las diferentes opciones a nuestro alcance, pero aún es pronto para definirlo".

Los costes del proceso

Por el momento, el Ayuntamiento tendrá que asumir hasta 3.000 euros de costes relacionados con el procedimiento legal.

El Gremi, por su parte, se ha hecho cargo de los costes relativos a la petición de la impugnación, que Casas considera necesarios por la repercusión económica del asunto y asegura superan con creces esos 3.000 euros.

Los reproches del TSJ

Según informa la patronal, la sentencia anula la ordenanza de ZBE porque es una medida de "máxima restricción", con "vocación progresiva" (esto quiere decir que su incercia pasa por ampliarse en el futuro), que "no ha cumplido con la coherencia, la proporcionalidad y la motivación suficiente que le exige la ley a cualquier administración cuando regula a los ciudadanos".

Esto es lo que la sentencia reprocha al Ayuntamiento de Barcelona, según el Gremi:

• No ha realizado ninguna estimación del impacto (social y económico) esperado de la ZBE sobre ciudadanos y actividades económicas.
• No baraja ninguna medida alternativa o menos restrictiva, como establecer anillos o subáreas.
• No han usado datos de contaminación actualizados.
• El consistorio no aporta ningún dato que permita determinar el número de vehículos afectados en sus distintas categorías (motos, turismos, furgonetas, camiones, autocares) ni se cuantifican los destinados a una actividad profesional, comercial o económica.

La lucha debería ser transversal

Por otra parte, el tribunal entiende lo siguiente, pese a que esto no quede recogido en la sentencia:

• La lucha contra la contaminación de una gran ciudad debe hacerse transversalmente.
• Las medidas de restricción deben adoptarse cuando todas las medidas de menor impacto han resultado insuficentes.
• La movilidad en transporte público debe estar garantizada previamente a las restricciones, y el ayuntamiento no prevé ni el coste.
• Se hace preciso motivar porqué se excluye considerar los proceso de reequipamiento cuyo coste técnico no es excesivo (si lo es el proceso de homologación ante la Administración).
• No puede pasarse por alto el siguiente planteamiento a modo de conclusión: ¿La protección al medio ambiente debe aprovecharse para exigir menos requisitos tradicionales de la buena regulación a los políticos cuando hacen leyes?

El Gremi pide valorar alternativas

El Gremi, por su parte, ha criticado que solo los automóviles estén siendo sometidos a medición -los barcos no o las centrales térmicas no, por ejemplo- y además ha querido dejar claro que aunque estén a la espera, seguirán trabajando.

Por el momento reclama:

• Que se abra la puerta de valorar alternativas tecnológicas para hacer menos contaminantes los vehículos ya matriculados.
• Que se analice de forma autocrítica la normativa que afectaría a la reequipación tecnológica, especialmente la de homologación.
• Que se evalúen las emisiones del Puerto, el Aeropuerto, la Central Térmica del Besós y la planta incineradora de Sant Adrià, para tener una fotografía global.