Impuestos que profundizan en la desigualdad regional y social

Tras unos meses paralizado, el gobierno catalán ha anunciado que va a acelerar la puesta en marcha del impuesto sobre el CO2, un gravamen que sería exclusivo de esta comunidad autónoma.

Según explica Coche Global, la Agencia Tributaria de Cataluña acumula ya casi medio año de retraso en la puesta en marcha de este impuesto, que gravará a los vehículos en función de sus emisiones de dióxido de carbono. Su puesta en marcha no fue tan sencilla como en un principio se había planeado, por lo que la medida quedó temporalmente paralizada.

A principios de mayo, el Gobierno de Cataluña aprobó la Declaración Formal de Emergencia Climática, lo que permite acelerar las medidas previstas para la Ley del Cambio Climático, entre ellas el impuesto. Así, la consellera de Empresa, Àngels Chacón, ha afirmado que esta medida estará lista “pronto”.

Medidas locales a problemas globales

Esta medida, que aún no tiene fecha de entrada en vigor, se une al anuncio de Baleares de la prohibición de vehículos diésel a partir de 2025. Desde las diferentes asociaciones de automoción se viene insistiendo en la necesidad de crear una estrategia-país para el sector y evitar que las normas autonómicas creen desigualdades entre unas regiones y otras, lo que no hace más que perjudicar la economía nacional y el entendimiento político.

Y es más, este tipo de normas perjudican directamente a los que menos tienen. Recientemente, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, explicaba que “los ataques a este medio de transporte repercuten sobre todo en las clases sociales menos favorecidas, que tienen menor capacidad económica para adquirir coches eléctricos, cuyo precio es mucho más alto”.

“Todos queremos respirar aire puro, pero las medidas que pongamos en marcha en este sentido tienen que estar muy coordinadas”, añadía Gerardo Pérez. Esperemos que sea así.