Facua recurre el traslado del caso del ‘dieselgate’ español a Alemania

La decisión del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, de transmitir el procedimiento del caso del fraude de las emisiones de Volkswagen en España a la Fiscalía de Braunschweig en Alemania, ha causado malestar en la asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción. La entidad ha recurrido el traslado del dieselgate a Alemania.

Facua considera que la salida del procedimiento de España y su tramitación en Alemania limitaría el derecho a la tutela judicial efectiva y al resarcimiento de los daños causados a los afectados, ya que se verán dificultados en la práctica para poder actuar en un procedimiento seguido en otro país.

Además, la asociación recuerda que en este procedimiento ni siquiera están personados los 723.832 propietarios de vehículos afectados por el fraude de las emisiones. Facua advierte de que no se han detallado las consecuencias del traslado para los perjudicados personados en la causa, de los que más de 7.000 son representados por la asociación.

Se limitan derechos de los afectados

Por tanto, se desconoce la posibilidad de los afectados de ejercer los derechos reconocidos por el Estatuto de la víctima del delito, que recoge, entre otros aspectos, el derecho a tener acceso a las resoluciones que resulten relevantes y debidamente traducidas al español.

Por otra parte, Facua recalca que no se han detallado los hechos que están siendo investigados en Alemania para poder valorar si realmente es necesario remitir el procedimiento a las autoridades alemanas. Además, la citada fiscalía alemana ya ha sancionado al grupo Volkswagen con una multa de 1.000 millones de euros, lo que podría impedir que se vuelva a iniciar otro procedimiento contra la compañía.

Por todo ello, la asociación de consumidores considera imprescindible que, antes de trasladar el procedimiento a Alemania, se lleve a cabo un estudio detenido y pormenorizado de la legislación penal alemana, de tal manera que se acredite que la investigación en el país centroeuropeo continúe por los mismos supuestos delitos valorados en la Audiencia Nacional y que esto no merme los derechos de los afectados personados. Facua insiste en que sólo así se podría ejercer la tutela judicial efectiva y se evitaría dejar en el aire un procedimiento al que se le han dedicado más de tres años de instrucción judicial