Aberan estima que el 30% de los talleres en Baleares es ilegal

La Asociación Balear de Especialistas Reparadores de Automoción y Náutica (Aberan) ha elaborado una estimación que revela que cerca del 30% de los talleres mecánicos en Baleares es ilegal.

Es decir, de los 2.114 talleres de reparación censados en el archipiélago, alrededor de 600 son clandestinos, según detalla un artículo publicado en Elmundo.es.

Con este dato, entre otros, Aberan y la Asociación Empresarial de Automoción y Náutica de Baleares (Asema) se han unido para "reclamar a la Administración que actúe contra un fenómeno en continuo crecimiento desde el estallido de la crisis".

Julio González, presidente de Aberan, ha criticado la poca acción de los poderes públicos en este sentido, puesto que señala que "han sido hasta ahora incapaces de detener la proliferación de talleres mecánicos en las Islas".

De esta manera, su intención es la de dirigirse a los ayuntamientos para que sean las policías locales las que cierren estos establecimientos sin licencia de apertura ni de actividad.

Por su parte, Joan Crespí, presidente de Asema, de entre las ventajas que estos talleres fraudulentos ofrecen a los clientes, señala que "no pagan ni la cuota de autónomo, ni a personal…". Además, destaca que en ocasiones ni siquiera estas circunstancias implican necesariamente un precio menor para el usuario.

Asimismo, ambas asociaciones subrayan las consecuencias en cuanto a la seguridad de los usuarios si se encuentran con reparaciones defectuosas por parte de estos negocios, las cuales, además, no se pueden reclamar puesto que carecen de garantías.

En relación con esta cuestión, los representantes de Aberan y Asema han expresado su confianza en que el cambio de gestión previsto en la ITV asegure las comprobaciones en este sentido.

Finalmente, Aberan y Asema explican que están a la espera de hablar con los ayuntamientos para exponer sus propuestas, así como que también han solicitado una reunión con el presidente de la Felib, Joan Carles Verd, para hacer extensiva la reclamación a todos los consistorios, porque consideran que son ellos, vía policías locales, "los que tienen que parar esto".