Piden 13 años para el dueño de un taller acusado de dar partes fraudulentos

Tras siete años de investigación, la Guardia Civil de Ourense ha conseguido desarticular una presunta trama que se dedicaba a dar partes fraudulentos de accidentes de tráfico para cobrar las indemnizaciones.

Las autoridades han llegado cifrar el cobro de más de 600.000 euros en indemnizaciones fraudulentas por accidentes nunca producidos, robos falsos e, incluso, daños autoprovocados con un tractor o una retroexcavadora, así como un incendio producido deliberadamente, tal y como apunta el Faro de Vigo, entre 2006 y 2011.

El volumen del fraude, de acuerdo al total de responsabilidad civil que pide la Fiscalía, fue de 350.000 euros. Por ello, se solicitan 13 años de prisión para el presunto cabecilla, S. A. G., de 51 años, encargado de un taller ubicado en localidad orensana de Barbadás, al que se le acusa de 36 hechos delictivos.

Junto él se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial otras nueve personas, todos ellos acusados de estafa, receptación, simulación de delitos y falsedad en documento mercantil y oficial.

La Fiscalía pide, además, para el principal responsable una multa de 24.900 euros por todos los delitos contemplados en la causa. Los diez acusados podrían ser condenados a penas que suman más de 30 años.

El fiscal del caso, Mario Brualla, indica que "los acusados, de forma conjunta en algunos casos y aisladamente en otros, dieron a las compañías aseguradoras partes de accidentes de tráfico no reales, aprovechando que S. tenía un taller de compra-venta y reparación de vehículos".

Los investigados presuntamente "fingían inexistentes siniestros y a consecuencia reclamaban y obtenían en algunos casos una indemnización por el siniestro total o por la reparación del vehículo".

El caso salió a la luz hace 6 años con los registros del taller del principal acusado, que pasó tres meses en prisión preventiva y quedó libre a mediados de 2011 tras pagar una fianza de 20.000 euros.

Se trata de la mayor estafa a compañías de seguros que se ha destapado en la provincia, según publica el citado medio, y sobre la que han trabajado el Equipo de Delitos contra el Patrimonio, apoyados en el GIAT y otras unidades policiales.