La Guardia Civil de Tarragona, en colaboración con las Policías Locales de Amposta y de L’Aldea, han desmantelado dos talleres mecánicos que se dedicaban al mantenimiento y reparación de vehículos a motor de manera clandestina en dicha provincia, según informa "El Diario de Tarragona". Además, ambos ya habían sido denunciados en 2024 por la misma actividad irregular. En los mismos, se encontró a tres trabajadores extranjeros, que carecían de permisos que ampararan su legal estancia en el territorio nacional y el preceptivo contrato de trabajo. 

Tras proceder a los registros, en el interior de los locales se encontraron a mecánicos trabajando en los vehículos, por lo que se solicitó a los responsables del establecimiento la documentación acreditativa para ejercer dicha actividad pudiendo comprobar, en ambos casos, que no se disponía de licencia de actividad, ni de las exigidas por los organismos competentes en materia medioambiental, laboral, industrial, de riesgos laborales ni tributaria. 

Por tanto, dos talleres ilegales en los que, además de vehículos a motor, se encontró maquinaria industrial, repuestos, así como numerosas herramientas relacionadas con la citada actividad. También se localizaron neumáticos usados, baterías de plomo y litio y otras piezas de vehículos, además de restos de aceite usado y motores.

En este sentido, la mayoría de los residuos detectados están calificados como peligrosos y están sujetos a las obligaciones establecidas en la legislación sobre residuos contaminantes. Su tratamiento en ambos talleres no se ajustaba a la normativa.

En los registros, se encontró gran cantidad de piezas y motores listos para enviar al extranjero.

Además, en el taller de L’Aldea hallaron vehículos desguazados, así como gran cantidad de piezas y motores preparados para el envío al extranjero, sin que los responsables dispusieran de documentación que amparase dicha actividad. El local disponía de elevadores, cabina de pintura, instalación eléctrica y sistemas contraincendios, sin que ninguno de ellos tampoco hubiera superado las preceptivas inspecciones de Industria para verificar su correcto funcionamiento.

Se han extendido las correspondientes actas-denuncias por infracciones administrativas, relacionadas con los residuos, la seguridad industrial y la documentación necesaria para desarrollar esta actividad, así como infracciones tributarias y de las obligaciones económicas derivadas de la Seguridad Social. Algunas de estas infracciones, especialmente en materia de residuos, podrían ser calificadas como graves, con sanciones de hasta 300.000 euros si se trata de residuos peligrosos. Las denuncias han sido remitidas a las autoridades competentes.