Fautcova y Asintra piden dureza contra los talleres ilegales

Las asociaciones y patronales están en pie de guerra contra los talleres clandestinos. Fautcova, la patronal de la Comunidad Valenciana, ha solicitado una mayor coordinación entre las distintas administraciones para luchar contra el intrusismo profesional mientras que Asintra, asociación de talleres de reparación en Tenerife, ha reclamado a la Administración que adopten “medidas contundentes, inspecciones más eficaces y más sanciones”, para hacer más efectiva la lucha contra la clandestinidad.

“Estos talleres ilegales no cumplen con los requisitos mínimos de garantía en las reparaciones y seguridad vial, y además, rompen el mercado por la competencia desleal que ejercen sobre aquellos talleres que sí acatan la legislación vigente”, ha explicado el presidente de la Federación de Automoción de la Comunidad Valenciana (Fautcova), Manuel Nemesio, tras la reunión mantenida con el secretario autonómico de Industria, José Monzonís, para encontrar soluciones que pongan fin a estos talleres no autorizados. Por su parte, la Junta Directiva de Asintra asegura que cada vez es mayor el número de talleres que se abren en cualquier local sin reunir unas condiciones mínimas de seguridad: “por ejemplo en los bajos de domicilios particulares, donde trabaja personal poco o nada cualificado y sin estar dado de alta en la Seguridad Social, o incluso jubilados, y habitualmente a unas horas intempestivas”.

No son los únicos puntos geográficos donde proliferan los talleres ilegales. Los empresarios de automoción y de talleres de reparación de automóviles de la comarca de Puertollano (Ciudad Real) han denunciado que los talleres clandestinos, según sus cálculos, acaparan en torno al 30 % de la actividad del sector.

En una nota de prensa han asegurado que tienen localizados un buen número de talleres de reparación de vehículos sin una licencia o con una autorización indebida, y no descartan denunciar también la situación ante la Administración para que se tomen las medidas oportunas contra esta actividad “que representa un fraude social”.