Baleares abre expediente sancionador a Volkswagen por el ‘dieselgate’

El Gobierno de las islas Baleares acaba de abrir un expediente sancionador a Volkswagen por el escándalo del dieselgate. De esta forma, el gobierno insular se suma a las diligencias iniciadas por Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia por el fraude que afecta en España a cerca de 700.000 propietarios de vehículos de las marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi.

Por su lado, Facua presentó hace más de un año denuncias contra la compañía alemana ante los diecisiete organismos de consumo de los gobiernos autonómicos por vulnerar las leyes de defensa de los consumidores al instalar un software en los vehículos diésel que falseaba los datos sobre las emisiones contaminantes.

En las alegaciones presentadas por la agrupación se subraya la vulneración de los derechos de los usuarios, así como el incumplimiento de los requisitos que formulan las autoridades competentes para “evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública".

Por otro lado, la asociación denuncia “el secretismo de la empresa y la inacción que hasta la fecha han mantenido la inmensa mayoría de autoridades competentes” y recuerda que solo cuatro autoridades de defensa de los intereses de los consumidores han iniciado actuaciones.

“Del resto, seis han archivado las denuncias de Facua o las han trasladado a la Agencia Catalana de Consumo, con el argumento de que se trata de la autoridad competente por razón de territorialidad, a pesar de que el fraude afecta a consumidores de todo el territorio estatal”, indican desde Facua.

Ante esto, la asociación de consumidores señala que ha acudido también a los tribunales con el fin de “exigir responsabilidades penales y reclamar indemnizaciones económicas para los afectados.

Facua puso en marcha una plataforma de afectados de la que, actualmente, forman parte más de 43.000 personas. Hasta ahora, más de seis mil las personas, según la asociación, han acudido a ellos para defender sus intereses en el proceso penal en curso, que actualmente se encuentra aún en fase de instrucción.