Las asociaciones empresariales y ONG ambientales han enviado una carta conjunta al Gobierno de España para solicitar un "paquete coherente de medidas para acelerar la transición energética y ecológica de la automoción" en el país.
Proponen medidas fiscales que faciliten la adopción del vehículo eléctrico, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Portugal, y cumplir con la reforma fiscal exigida por la Unión Europea. También abogan por que las ayudas al consumidor sean directas e inmediatas.
Para alcanzar este objetivo, las organizaciones firmantes Aedive, Anfac, Ecodes, Faconauto, Fundación Renovables, Ganvam y T&E, han presentado una serie de acciones prioritarias para fomentar la electrificación y descarbonización de la movilidad:
- Coordinación de todos los ministerios implicados a través de la Presidencia del Gobierno.
- Reformar la fiscalidad de los vehículos mediante medidas como ayudas a la compra de eléctricos, considerando criterios ambientales, para que sean accesibles de forma directa y previsible.
- Un Plan Nacional de Infraestructura de Recarga que aborde problemas específicos de España, como áreas de baja densidad de población y acceso a recarga para la población urbana sin plaza de aparcamiento privada, también piden crear un Centro Estatal para el despliegue de infraestructuras de recarga.
- Implementación del mecanismo de eCredits antes de finales de 2024.
- Una hoja de ruta para el sector de automoción hasta el año 2035.
En la carta dirigida expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, especifican que el sector del automóvil representa cerca del 10% del PIB y el 9% del empleo en España, con un 90% de la producción dedicada a la exportación, siendo el segundo país europeo en fabricación de automóviles.
Sin embargo, en 2023, España ocupó la decimonovena posición en matriculaciones de vehículos eléctricos en Europa, lo que supone un riesgo para el futuro.
Actuar rápido
A pesar de eso, España se ha propuesto ser líder en electromovilidad y alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030. La Unión Europea ha establecido 2035 como fecha límite para comercializar vehículos de cero emisiones. Por ello, las organizaciones empresariales y ONG ecologistas consideran que el Gobierno debe actuar con urgencia y poner los medios necesarios para lograrlo.
Las entidades promotoras de esta iniciativa creen que los esfuerzos para mejorar la infraestructura de recarga deben centrarse en agilizar los trámites para la instalación de cargadores públicos, proponiendo un sistema de "ventanilla única" y un plan similar al de Alemania o Gran Bretaña, con especial atención a las zonas de baja densidad de población y la población urbana sin plaza de aparcamiento privada.
Finalmente, estas asociaciones empresariales y organizaciones ambientales coinciden en que promover la movilidad eléctrica es fundamental para garantizar empleos de calidad y nuevos trabajos en toda la cadena de valor.
