Crecen los autónomos que estudian demandar al Gobierno por la caída de su facturación

Los autónomos de los sectores más afectados por los cierres decretados a raíz de la pandemia se están planeando presentar reclamaciones conjuntas contra el gobierno por los daños ocasionados durante el tiempo en que no pudieron trabajar ni obtener ingresos. Según ha publicado el diario digital Autónomos y Emprendedores, miles de negocios de sectores como la hostelería, peluquería, ocio nocturno o infantil ya están trabajando con diferentes bufetes de abogados para presentar demandas colectivas y recibir una indemnización que cubra la caída de ingresos sufrida durante este último año.

Alegan, en concreto, la "mala gestión" de la crisis sanitaria como sustento de sus reclamaciones, un concepto jurídico previsto en la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, de excepción y sitio. Así, en su artículo 3, la norma establece el derecho de las personas (también las empresas) a recibir una indemnización por los perjuicios que hayan podido padecer a raíz de las restricciones.

Si bien el estado de alarma otorgó al gobierno la potestad para poner en marcha medidas restrictivas que frenaran la curva de contagios por coronavirus, a juicio de los juristas y asociaciones sectoriales, estas limitaciones generaron perjuicios en las actividades económicas que deben ser resarcidos. Máxime cuando hubo "carencias tanto en la prevención de la pandemia, cuando ya la estaban sufriendo otros países de nuestro entorno, como en la propia contención de la crisis sanitaria cuando el virus ya tenía una alta incidencia", ha explicado Eva Manchón, socia del bufete de abogados Manchón López Martín.

Además, el cierre de negocios decretado provocó caídas en la facturación y pérdidas que, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (Ata) alcanzarían, de media, unos 20.000 euros anuales por cada trabajador por cuenta propia. Para los expertos, estas pérdidas no solo eran evitables, sino que son también causa directa de la mala gestión del gobierno, por lo que los negocios tendrían derecho a una indemnización por "daños patrimoniales".

Por otra parte, si bien la hostelería ha sido uno de los sectores más golpeados y criminalizados de forma sistemática en las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, al igual que los negocios de ocio nocturno, peluquerías y ocio infantil, otros sectores podrían también unirse a esta reclamación conjunta. Los talleres de reparación y mantenimiento, por ejemplo, al haber sufrido igualmente pérdidas económicas con motivo del descenso de su actividad durante el estado de alarma y la demora en la declaración por parte del Gobierno de estos centros como un servicio esencial.