Atreve potencia su colaboración con la policía en la lucha contra los talleres ilegales

La Asociación de Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña (Atreve) da un paso más en su acuerdo de colaboración con la Policía Autonómica gallega, por sugerencia de esta, en la lucha contra los talleres ilegales y, a partir de ahora, informará a los agentes de la autoridad una vez reciba información de algún caso, con la finalidad de agilizar la realización de inspecciones y mejorar la eficacia del control sobre el sector. Anteriormente, la asociación coruñesa recopilaba datos sobre los establecimientos y enviaba la relación a las autoridades.

Atreve recuerda a sus socios, y a cualquier interesado, que tienen a su disposición en la web un portal de denuncias en el que pueden indicar la situación irregular que hayan observado. Las más habituales son las de talleres que no tienen la placa de Industria o que realizan actividades que no están amparadas por la placa que tienen expuesta. También que no cuentan con la cartelería obligatoria, no están en la base de datos de Industria o que tienen operarios que no están de alta, entre otros.

Denuncia anónima

Atreve explica que las denuncias se trasladan a la Policía Autonómica sin identificar a la persona que hace llegar la información y que son los responsables de realizar las oportunas comprobaciones son los agentes y, en su caso, abrir el expediente sancionador que corresponda.

La lucha contra los talleres ilegales es, desde hace más de cinco años, una de las tareas prioritarias de la asociación gallega. De hecho, cuenta con un detective desde su fundación, en 2017, que elaboró un completo informe en el que se identificaron 65 negocios de reparación de vehículos irregulares. Aquel estudio se puso en manos de las autoridades y se inició, con ello, un camino de colaboración, que se ha mantenido a lo largo de los años.

Atreve recuerda que los talleres ilegales rebajan la facturación del sector de la reparación de vehículos entre el 20 y el 30% y que, además de perjuicios económicos, afectan a la seguridad en las carreteras y a los derechos de los consumidores.