El Congreso quiere asegurar que el cierre unilateral de concesionarios conlleve una indemnización

El Congreso de los Diputados tramita una enmienda para fijar una indemnización por el cierre unilateral de concesionarios de un mínimo del 5% de su facturación en los 12 meses anteriores, además de penalizaciones por incumplimientos, inversiones no amortizadas y las indemnizaciones del personal despedido por el cierre.

La enmienda, registrada por el PDeCAT al proyecto de ley Crea y Crece y a la que ha tenido acceso Europa Press, busca ofrecer garantías a estos establecimientos ante la ausencia de reglas en vigor que obliguen a establecer derechos y obligaciones frente a resoluciones unilaterales del contrato.

Concretamente, la propuesta tiene el objetivo de establecer el derecho a una indemnización por clientela equivalente al margen medio anual obtenido por el establecimiento en los últimos cinco años, entendiendo como margen la remuneración total pagada por el empresario al concesionario, incluyendo cualquier compensación, incentivo o remuneración adicional.

Esta indemnización, según la enmienda, no podrá ser en ningún caso inferior al 5% del volumen de ventas anuales del último ejercicio, y a ella se tendrán que sumar las indemnizaciones derivadas por incumplimientos contractuales, inversiones impuestas o pactadas no amortizadas y las indemnizaciones por despido del personal afectado por el cierre.

Asimismo, la propuesta contempla que la extinción del contrato no implica, salvo acuerdo expreso, la extinción de los servicios de posventa, cuya resolución también podrá dar lugar a indemnizaciones por clientela y daños y perjuicios en los mismos términos que los de venta de vehículos.

RESUCITARÍA UNA REGULACIÓN QUE QUEDÓ PENDIENTE EN 2011

La propuesta impulsada por el PDeCAT viene a sustituir a la regulación prevista para este tipo de establecimientos en 2011, aprobada a través de una enmienda incluida por la oposición parlamentaria en contra del criterio del Gobierno, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta propuesta, aprobada con los votos del PP, la antigua Convergència i Uniò y el PNV, desató un conflicto entre fabricantes y concesionarios, al posibilitar la devolución en las mismas condiciones de los vehículos y piezas no vendidos, condición no contemplada en la nueva enmienda.

Para evitar su aplicación, el Ejecutivo de Zapatero la suspendió apenas unos días después, condicionando su puesta en marcha a la aprobación de una ley específica para los servicios de distribución comercial. Sin embargo, esta norma no llegó antes de la disolución de las Cortes Generales a finales de ese año.

"UNA RECLAMACIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR"

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, ha asegurado que se trata de una "reivindicación histórica" del sector que hacen suya en la enmienda, ante una "situación de cierta debilidad" de estas empresas, pymes en su gran mayoría.

En este sentido, ha defendido la necesidad de contar con una regulación que proteja las inversiones realizadas y desincentive las resoluciones unilaterales para facilitar la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo.

Desde el PDeCAT han apuntado que este sistema desincentivaría los cierres injustificados, reequilibraría las relaciones entre los fabricantes y proveedores con los concesionarios y, al permitir la recuperación de inversiones no amortizadas, facilitaría la reorientación de la actividad.

POSICIÓN DE LOS CONCESIONARIOS

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha explicado que esta enmienda da respuesta a una reivindicación "histórica" y a una "deuda" que tenía el Congreso de los Diputados con los concesionarios, tras la paralización de la ley en 2011, por lo que ha mostrado su deseo de que reciba el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias.

"Confío en que su aprobación contribuya a encontrar soluciones justas y consensuadas para salvaguardar las inversiones, el empleo y la competitividad de los concesionarios, de las pymes españolas, ayudando a su crecimiento", ha subrayado Pérez en declaraciones a Europa Press.

Además, ha señalado que esta enmienda, que será "positiva" para la automoción española, "se hace más necesaria" en el contexto actual, en el que se están produciendo cancelaciones de contratos "sin justificación alguna" y dejando a miles de familias pendientes de una solución.