En una reciente entrevista en el programa de radio Vermuts Cira, Ramón Casas, secretario general del Gremi de Talleres de Barcelona, ha abordado la problemática de las garantías en los talleres catalanes de la que informó en primicia Infotaller, destacando una de sus principales solicitudes: la necesidad de una regulación que permita citar al fabricante del producto en el mismo procedimiento judicial en el caso de reclamaciones por parte de los clientes.
Esta petición surge como respuesta a la interpretación realizada por la Agencia Catalana del Consumo sobre la normativa vigente, que exige a los talleres responder no solo por las reparaciones realizadas, sino también por los recambios utilizados.
Carga legal para los talleres
Casas explica que, actualmente, cuando un cliente presenta una reclamación, los talleres deben responder tanto por la reparación como por los recambios empleados, incluso si la insatisfacción del cliente proviene del recambio y no de la intervención del taller en sí.
Esta situación puede resultar en costosos procedimientos judiciales adicionales contra los fabricantes de los recambios, lo cual implica una carga económica y legal significativa para los talleres, que pueden enfrentarse a adversarios con mayores recursos financieros.
Responsabilidad conjunta
La demanda principal del gremio es la posibilidad de que tanto ellos como el fabricante puedan estipular sus responsabilidades en el mismo proceso judicial, garantizando una mayor eficiencia y equidad en la resolución de reclamaciones. Sin embargo, esta práctica no está contemplada en el ordenamiento español actual, lo que lleva a los talleres a luchar por este cambio normativo desde hace tiempo.
En el ámbito catalán, la aplicación del Código de Consumo de Cataluña amplía el periodo de garantía a 6 meses sin limitación de kilómetros, una medida que el gremio considera "problemática", debido al desconocimiento de las particularidades del sector por parte de la administración. Mientras tanto, a nivel europeo, la norma Euro 7 establece que el periodo de vida útil normal de un vehículo es de 10 años o 200.000 km, lo que resalta la importancia de considerar los kilómetros recorridos al configurar las garantías sobre los vehículos.
Casas destaca en el programa que este cambio normativo no solo impactará en la relación entre talleres y proveedores, sino también en la manera en que los talleres valoran los servicios y las garantías ofrecidas a sus clientes. Por ello, insiste en la necesidad de trabajar conjuntamente con los distribuidores para abordar esta problemática y garantizar una mayor protección tanto para los talleres como para los usuarios finales. "Trabajar por separado no nos conduce a ningún lado", expresa el secretario general.
