Los talleres ilegales cuestan 3.500 millones de euros al sector

Más de 3.500 millones de euros perdidos. Esta es la estimación que realizan las patronales Anfac y Ganvam sobre la incidencia de los talleres ilegales sobre el sector legal de la posventa en los últimos seis años. La han recogido en su documento “Propuesta de actuación para la erradicación de talleres ilegales” presentado ante el Seprona.

Concretamente, las patronales insisten en el hecho de que estos centros ilegales representan ya el 20% del total, por lo que se trataría de alrededor de 10.000 negocios de posventa que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo ni cumplir las preceptivas obligaciones.

Todo esto supone que el Estado deje de ingresar unos 230 millones de euros cada año en impuestos, derivados del fraude en el IVA, que estos negocios no cobran al cliente final, y de la evasión de tributos asociados a la propia actividad, como los de Sociedades e IRPF. Las pérdidas para la Seguridad Social, por su parte, serían de 112,5 millones de euros anuales si se tiene en cuenta que cada taller ilegal tiene de media 1,5 empleados.

Por todo ello, Ganvam y Anfac defienden la puesta en marcha de un plan de acción con el objetivo de luchar contra las reparaciones ilegales, a través de la coordinación de los ministerios de Interior, Hacienda y Trabajo.

Entre las medidas propuestas, el plan defiende centralizar las ventanillas de denuncias en el Ministerio de Interior y que sea esta cartera la que se coordine con las autonomías para resolver cada caso. Así se evitaría, como sucede actualmente, que muchas de las situaciones planteadas en las asociaciones regionales queden sin resolver por falta de recursos de las comunidades autónomas.

También se pide definir claramente el papel de los actores implicados en la resolución de cada caso (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Seprona, Agencia Tributaria, Trabajo, etc.), así como establecer un calendario de inspecciones regionales derivadas de las denuncias, que comience en las áreas geográficas con mayor actividad ilegal.

Asimismo, se plantea la necesidad de intensificar los controles de los vehículos que no superen la ITV, de manera que en la nueva revisión el conductor presente una factura o certificado del taller alegando la reparación de los defectos del coche, lo que garantizaría que la operación se ha realizado en un centro legamente establecido.