Los talleres de Pontevedra denuncian a más de 120 ilegales en los últimos meses

La expansión de los talleres ilegales en Galicia "es patente", según fuentes de la Guardia Civil, aunque no existen datos concretos de su incidencia en la provincia de Pontevedra.

Sin embargo, su presencia ha provocado que la asociación Atra, miembro de Cetraa, haya decidido cercar a este mercado ilegal, que no sólo incide negativamente en el plano laboral -la pérdida de negocio de los talleres regularizados provoca que se pierdan empleos o se precaricen los existentes-, sino también en el medioambiental -tratamiento de residuos inadecuado o, sencillamente, inexistente-.

Esta lucha contra los talleres clandestinos se ha saldado, por el momento, con la interposición, según publica La Voz de Galicia, de unas 120 denuncias en los últimos meses contra otros tantos negocios "que no cumplían con la legalidad".

Normalmente, este tipo de actividades se resuelven por la vía administrativa y, además de las sanciones económicas, se suele ordenar la finalización de la actividad y, en menor medida, la clausura de las instalaciones.

En cuanto a las infracciones, estas suelen aludir al incumplimiento de la normativa medioambiental o de la industria, la carencia de licencias municipales, pero también por contravenir la legislación laboral, la de la Seguridad Social e, incluso, por infringir la normativa tributaria al no declarar impuestos, ni beneficios.

Así, si el fraude llega a superar los 120.000 euros, se incurriría en un delito fiscal. En todo caso, las fuentes consultadas por el citado precisaron que, en principio, no se ha dado aún ningún caso de un taller ilegal que alcanzase una facturación tal que posibilitase este nivel de fraude en Pontevedra.

Desde Atra reclaman "mayor implicación y contundencia" de las administraciones, así como endurecimiento de las multas y mayor celeridad y eficiencia a la hora de tramitar los expedientes administrativos. Paralelamente a esta labor sancionadora, abogan por informar y concienciar a los ilegales para que regularicen su actividad y, de este modo, pasen a ser "competencia legal".