La posventa española exige una regulación específica para el automóvil en la Ley de Datos europea
Afcar España aplaude la posición inicial de considerar al usuario/consumidor como propietario de sus datos generados, incluida la asignación del uso a sus proveedores, lo que implica la libre elección de servicios posventa cuando su vehículo lo necesite.
Afcar, Alianza para la libertad de reparación en España en la que se integran 16 asociaciones ligadas al mundo de la posventa, ha entregado esta semana ante la Unión Europea un informe de posicionamiento sobre el proyecto de la Ley de Datos, hecho público el pasado febrero con el objetivo de “regular el uso de datos generados en la UE en todos los sectores económicos y su acceso a ellos”.
Tanto Afcar Europa como Afcar España consideran que “la complejidad del sector del automóvil exige una legislación específica para dicho sector, una normativa propia que apoye y complemente la aplicación de los principios consagrados en la norma marco europea”. Esto es, medidas concretas, jurídicas y técnicas para la automoción, tales como el acceso a las funciones del vehículo o la interfaz hombre-máquina.
DATOS DE LOS USUARIOS
Según planteó la Comisión Europea en la presentación del documento base, la Ley de Datos tiene como objetivo “garantizar la equidad en el entorno digital, estimular un mercado de datos competitivo, brindar oportunidades a las empresas y conseguir que los datos sean más accesibles para todos, evitando su control por grandes operadores”. De esa forma, la UE considera que una regulación justa del acceso a los datos dará lugar a “nuevos servicios, innovadores y a precios más competitivos”, para los servicios posventa y la reparación de objetos conectados, entre ellos los automóviles.
En línea con la postura de Afcar Europa, Afcar España ha entregado un documento de nueve páginas en el que apoya plenamente “el principio de la soberanía de los datos de los usuarios de productos conectados, incluido su derecho a asignar el acceso a los datos generados por el uso de sus productos a los proveedores de servicios de terceros que elijan”.
Esto afecta directamente al mantenimiento y reparación de vehículos y a todos los servicios relacionados con dicha actividad, gestionados en su mayoría por pymes y micropymes que quieren ver garantizado su derecho a seguir trabajando en un mercado de libre competencia y evitar que grandes operadores, como grandes empresas tecnológicas o los propios fabricantes de vehículos, puedan aprovecharse de posiciones de dominio en el mercado.
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