Nueve imputados por gestión irregular de residuos en desguaces

La Guardia Civil, en colaboración con agentes de aduanas del PIF del puerto de Algeciras, ha concluido una investigación sobre la exportación de piezas de vehículos usados y gestión de vehículos al final de su vida útil tras la cual se ha imputado a 9 personas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y por falsedades documentales.

Las investigaciones se han realizado en el marco de la operación 'Trans' y tenían como objetivo esclarecer las posibles irregularidades que se cometían en la gestión de vehículos al final de su vida útil (VFU), considerados como residuos peligrosos. En el transcurso de la investigación se ha podido comprobar que empresas de desguaces pretendían exportar partes de vehículos usados a países africanos como mercancía, cuando no habían sido descontaminados previamente y por tanto debían de ser declarados como residuos.

Las mercancías fueron rechazadas para la exportación en el puerto gaditano al no poder verificar la descontaminación. Es a partir de éste momento cuando se inicia un seguimiento a la mercancía para clarificar su origen, comprobando que se cometían irregularidades por Centros Autorizados de Tratamientos de Vehículos al Final de su Vida Útil (CAT), en relación a la no retirada de residuos peligrosos de los vehículos y a su transporte.

Todo ello dio lugar a la imputación de los responsables de tres Centros Autorizados de la provincia de Sevilla que pretendieron exportar a Nigeria un contenedor con motores usados y otras piezas de vehículos sin descontaminar, con restos de grasas y aceites. De la provincia de Málaga se imputó al responsable de otro CAT por los mismos hechos, aunque la exportación tenía como destino Ghana.

En la provincia de Badajoz se imputó a los responsables de tres CAT, por una exportación que se pretendió llevar a cabo a Egipto, pero en esta ocasión la mercancía se trataba de vehículos completos cortados por la mitad a los que no se les había retirado los residuos peligrosos y habían sido dados de baja. Los imputados fueron acusados de presunto delito de falsedad documental al expedir documentos que certificaban la descontaminación de la mercancía que pretendían exportar cuando no era cierto, y por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Estas primeras investigaciones desvelaron que en la provincia de Cádiz había instalaciones que realizaban la actividad de gestor de residuos como centros CAT sin autorización de la Consejería de Medio Ambiente ni licencia municipal. Tras realizar numerosas inspecciones se localizaron tres instalaciones que fueron denunciadas por irregularidades en la gestión de residuos peligrosos.