Tres años de cárcel para el administrativo de un taller de Gijón por robar 330.000 euros
Ha sido condenado por un delito de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil por alterar la emisión de facturas y la contabilidad durante 21 años de trabajo.
Tres años de cárcel para el administrativo de un taller acusado de robar más de 330.000 euros a lo largo de 21 años. Tras un acuerdo entre las partes, el acusado ha aceptado rebajar la pena que pedía la Fiscalía, de 7 años, además de mantener la indemnización íntegra que asciende a 332.493 euros.
Según queda probado, el acusado, que desde 1998 desempeñaba funciones de administrativo en el área de posventa en una empresa de automóviles y repuestos en el alto de Pumarín de Gijón, tenía encomendadas, entre otras funciones, la emisión de facturas por los servicios prestados en el taller, el cobro de las mismas, la gestión de la caja de efectivo y la contabilización de las operaciones realizadas en el taller de reparaciones.
El investigado alteraba las cuentas con el fin de ocultar sus movimientos, llegando además a simular, en la documentación contable a fecha 31 de octubre de 2019, un saldo en la cuenta bancaria de la mercantil por importe de 364.463,58 euros, el cual no se correspondía con el saldo real, que en esa fecha ascendía a 31.970,14 euros. El perjuicio total ocasionado a la mercantil asciende a 332.493,44 euros.
Siete años de prisión
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida continuado y delito de falsedad en documento mercantil. Solicita que se condene al acusado, por el delito de apropiación indebida, a cinco años de prisión y diez meses de multa con una cuota diaria de 18 euros; y por el delito de falsedad, a dos años y 10 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros. Finalmente, tras el acuerdo entre las partes, ha sido rebajado a tres.
El abogado de la acusación se mostró satisfecho, sobre todo, por poner fin a cuatro años de instrucción judicial, y explicó que su representada quería garantizar el cobro de las cantidades defraudadas, una petición que ahora se logra cumplir a cambio de una rebaja de pena que, por su parte, interesaba a la defensa.
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