Obligaciones del taller ante la nueva campaña de inspección de Consumo en 2021

En 2021 habrá una nueva campaña de inspección de Consumo para los talleres a nivel nacional. Y el sector de la reparación tiene que estar preparado y conocer todas sus obligaciones para evitar sanciones por parte de la Administración, apostando siempre por ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Con el fin de asesorar a los profesionales en este sentido, la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) y su Gremio de Talleres de Reparación de Automóviles (Gretamur) han organizado un webinar para detallar a los centros, con la colaboración de Consumo, todas sus obligaciones legislativas.

Carolina Espinosa, directora general de Consumo y Artesanía, y José de la Cruz López, presidente de Gretamur, han estado presentes en este encuentro virtual, en el que se han analizado las claves de la nueva campaña a nivel nacional dirigida a los talleres de reparación.

Por su parte, Joaquina Galindo, jefa de sección de Inspección de Consumo, ha sido la encargada de explicar la normativa de consumo aplicable al taller y los factores a revisar durante la campaña de inspección.

La experta ha destacado que la legislación es antigua y se rige por el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, aunque posteriormente hubo modificaciones en 2010.

Entre las obligaciones del taller, Galindo ha destacado en primer lugar, el uso de la placa distintiva en la fachada del local. Asimismo, los talleres multimarca no pueden hacer alusión a ninguna marca concreta, ya que podría llegar a confundir a los consumidores.

En lo que respecta a los instrumentos o sistemas de medida, aparatos, etc., todos deben haber cumplido con las revisiones que establece el fabricante, todas las herramientas deben estar verificadas y calibradas, siendo necesario guardar los resguardos que lo demuestren.

Los recambios del taller

En cuanto a las piezas de repuestos, estas deben ser nuevas y adecuadas al vehículos. También se contempla la instalación de recambios reconstruidos o reacondicionados por la marca o por servicios autorizados. El taller debe guardar la acreditación de la procedencia de los mismos, así como la garantía. También son válidos recambios usados o no específicos si cumplen con los requisitos. En la modificación de 2010 se añadió que para ello se necesita una conformidad previa escrita por parte del cliente.

En el caso de estas últimas, se emplean por razones de urgencia, porque se han dejado de fabricar piezas para ese vehículo o por autorización del usuario, siempre que no afecten a otros sistemas del vehículo, como de frenado, suspensión o dirección. Tampoco se puede instalar ninguna pieza que no permita el código de circulación.

Asimismo, las piezas tienen que ir siempre etiquetadas y marcadas de forma legible con la marca del fabricante. En el caso de haber sido sometida a homologación, con su contraseña; y si son materiales pequeños, debe fijarse a una etiqueta en su estuche o paquete. También, el taller de reparación está obligado a presentar y/o entregar las piezas sustituidas al cliente, salvo manifestación impresa del mismo.

Los centros oficiales deben disponer de un catálogo de las piezas y sus tarifas, así como de una tabla de tiempos de trabajo con su valoración económica.

Resguardos, presupuestos y facturas

Los talleres de reparación están obligados a que el texto incluido en los resguardos de depósito, presupuestos y facturas, que afecten al usuario directamente, no tengan un tamaño de letra inferior a 1,5 milímetros de altura. En el caso de los presupuestos, es obligatorio realizarlo por escrito y su plazo de validez es de un mínimo de 12 días. Este documento debe contener todos los datos del taller, del consumidor y también del vehículo, reparaciones que se van a realizar desglosadas por tiempos y piezas, así como la fecha prevista de entrega, y la firma y fecha de aceptación del consumidor. En el caso de no aceptarse, el taller debe entregar el vehículo a su propietario en las mismas condiciones, ya que solo puede repararse una vez se tenga conformidad del presupuesto de forma expresa.

Tras recibir la aprobación, si durante las tareas de reparación se encuentran nuevas averías, el taller debe comunicarse al cliente en el plazo de 48 horas, debiendo ser aceptada por escrito. Además del presupuesto, también se entrega al cliente un resguardo acreditativo del deposito del vehículo. Por su parte, el cliente puede desistir del encargo durante la reparación, abonando al centro el importe de los servicios prestados hasta el momento.

El taller está obligado también a emitir una factura de todas las operaciones realizadas, desglosada por piezas y horas de trabajo. Asimismo, está en su derecho de cobrar gastos de estancia al cliente, tanto si no acepta el presupuesto o el vehículo está reparado y no lo ha recogido en el plazo de tres días.

Garantía de las reparaciones

Los talleres ofrecen una garantía que caduca a los tres meses o los 2.000 kilómetros recorridos, siendo su validez de 15 días o 2.000 kilómetros también para los vehículos industriales, salvo en el caso de las piezas incluidas en la reparación. Esto entra en vigor desde la fecha de entrega, y siempre que no haya sido manipulado por terceros. Esta garantía debe ser total e incluye los materiales, la mano de obra, los desplazamientos o el tipo impositivo.

En el supuesto de que el cliente aportase las piezas para la reparación, el taller puede aceptarlas si no afectan a la seguridad del vehículo. Asimismo, el centro no debe hacerse responsable de las averías o fallos mecánicos ocasionados como consecuencia de esos repuestos llevados por el cliente.

Junta arbitral de consumo

Durante la jornada también se han tratado otras cuestiones relacionadas con la regulación normativa sobre reclamaciones de consumo, una presentación llevada a cabo por Rosa Sancho, jefa de servicio de Defensa del Consumidor; y sobre la Junta Arbitral de Consumo, su adhesión y su papel en la resolución de conflictos, contando con la intervención de Juan Ignacio Pérez, jefe de servicio de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.