Campaña de los empresarios canarios contra la compraventa ilegal de repuestos usados
Dicha actividad fomenta la economía sumergida y las estafas, atentan contra el medio ambiente, la seguridad vial, la competencia leal y la creación de empleo.
Las federaciones y asociaciones empresariales de Canarias, lideradas por Femete, Ascardte y Femepa, presentarán al Gobierno Autónomo su propuesta de campaña contra la compraventa ilegal de repuestos usados de vehículos. El presidente de Femete, Alberto Villalobos, ratificó el apoyo total a esta iniciativa durante la celebración de su Junta Directiva, al asegurar que la compraventa ilegal de repuestos usados de vehículo es una actividad creciente y devastadora que está causando graves perjuicios “al fomentar la economía sumergida y las estafas, atentando contra el medio ambiente, la seguridad vial, la competencia leal y la creación de empleo”.
El objetivo de la campaña es concienciar a la ciudadanía para fomentar el comercio seguro y responsable con el medio ambiente, evitar la economía sumergida y prevenir accidentes, basándose en el Real Decreto 20/2017, que dictamina que “la extracción de piezas y componentes para su preparación para la reutilización y comercialización únicamente podrá realizarse en un CAT, y siempre de vehículos que previamente hayan causado baja definitiva en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y hayan sido descontaminados”.
La campaña pretende también dar a conocer a quienes comercializan de forma ilegal las graves consecuencias y duras sancionas a las que se enfrentan; informar a los centros autorizados de tratamiento la forma de proceder y denunciar (por ejemplo, de forma totalmente confidencial a través de la página online “Denuncia ya”, en www.femete.es) y exigir a las autoridades que se comprometan en la lucha legislando y persiguiendo estas prácticas.
Villalobos recordó que “la economía sumergida es nuestro caballo de batalla. Siempre hay que perseguir la actividad ilegal y la competencia desleal, aunque también es cierto que las cargas sociales e impositivas, la presión fiscal y social, son excesivas. Cuando esto es así, está claro que estás abriendo un hueco inmenso para que la economía sumergida tenga su vida propia. Si además añadimos una crisis, pues con más razón todavía”. Y añade que “nuestras administraciones, evidentemente, están muy lejos de bajar impuestos, lo que hacen es subirlos y cada vez estamos más endeudados. Por eso, hay que exigirles que gestionen mejor, que hagan más con menos y que equilibren las cuentas. Solo así se podrá aliviar a las empresas de tanta presión fiscal para favorecer y hacer crecer la actividad económica y empleo legal, sin que afecte a los servicios públicos esenciales que todos queremos”.
Sobre los Fondos Europeos, mostró su preocupación porque “hay mucha información, mucho dinero, pero poca concreción y definición de cómo tratarlo”. También por “la capacidad que tengan nuestras administraciones para ejecutar esos Fondos Europeos. A no ser que hagan efectivamente lo que les estamos solicitando y es que cuenten mucho más con las patronales, con las empresas del sector privado para que les ayudemos y esos proyectos puedan salir”.
Sobre los 11.000 millones de euros en ayudas indicó que no se las darán a las empresas que están sanas ni a las que están absolutamente muertas, sino a las que “consideren viables a través de los requisitos y que, por la razón que sea, estén ahora en un estado complicado de liquidez, de solvencia, pero que sean recuperables. Esperemos que finalmente llegue al mayor número de empresas posibles en Canarias y que se salve la mayoría de ellas. Ese es el objetivo”.
Respecto a la encuesta elaborada por Femete sobre la situación de sus 1.500 empresas asociadas, resaltó que “casi la mitad han visto reducidos sus ingresos, pero en menos de un 25%, lo que significa que, por el momento, hemos sido de los menos afectado. Se podría decir que nuestros sectores son privilegiados, si tomamos este dato comparativo con el turismo, la hostelería o los rent a car. El sector industrial, en líneas generales, está menos tocado, aunque tenemos que ser prudentes en este primer semestre del 2021”.
Villalobos valoró también que “74 de cada 100 empresas estiman que tardarán menos de un año en recuperar el nivel de facturación pre-covid. Si lo comparamos con otro informe que ha salido de la CEOE, que dice que el 86% del empresariado isleño espera recuperar su facturación dentro de un año; es decir, para 2022, pues significa que básicamente se confirma que nuestro sector industrial está menos afectado que la media de Canarias. O sea que estamos mejor que la media, pero todavía nos queda un semestre importante. También dice que el 33% de las empresas piensan que pueden llegar a contratar personal este año. Ojalá que así sea. Pero el resto no. Básicamente se quieren quedar como están ni tampoco piensan despedir”.
El máximo responsable de Femete también insistió en su preocupación “por qué va a pasar con los ERTES a partir de mayo, qué va a pasar con los créditos ICO. Se habla también sobre algunas quitas, aunque todavía no hay acuerdo sobre las empresas que puedan necesitar esto para sobrevivir. Pero quieren contar con que ese dinero lo ponga la banca y la banca no está de acuerdo”.
Finalmente, lanzó un mensaje de optimismo, al asegurar que se ha detectado que, al cierre del 2020, las familias españolas habían ahorrado el triple que en 2019, lo que viene a decir que, en cuanto se despeje la incertidumbre y el virus esté más controlado, resurgirá la economía.
Archivado en
No hay comentarios