El Defensor del Pueblo reprueba la reducción de plazos de la ITV dictada por el Gobierno

El Defensor del Pueblo ha mostrado su disconformidad con la normativa del Gobierno que extendía la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) varios meses a los automóviles que les tocaba pasarla durante la cuarentena y que establecía el periodo de validez de la misma tomando como referencia la fecha en la que expiró la anterior y no la fecha real del examen técnico, según recoge Europa Press del informe relativo al año pasado presentado por la institución.

Asegura el Defensor del Pueblo que dicha normativa sitúa el foco de atención en el sistema de inspecciones y en su eficiencia futura, “obviando con ello el derecho de los ciudadanos afectados a que la Administración sirva objetivamente al interés general”. De hecho, explica la institución, que “la Administración no ha probado, ni tan siquiera de manera indiciaria, que esta carga administrativa y económica responda a ese interés.

Además, las razones que aduce la Secretaría General de Industria para justificar los supuestos beneficios de la medida aquí cuestionada tampoco parecen admisibles, pues el supuesto equilibrio beneficioso a largo plazo no compensa el sacrificio de cientos de miles de afectados, que son obligados a realizar dos inspecciones seguidas en un muy corto lapso de tiempo con la carga administrativa y el desembolso económico que esto conlleva”.

Colapso en las ITV

A juicio del Defensor del Pueblo, tampoco puede compartirse el argumento de la mejora de la seguridad vial, ya que “parece suficiente salvaguardada con el plazo ordinario de vigencia de las inspecciones”. Señala el organismo presidido por Francisco Fernández Marugán que el motivo de no descontar el periodo de prórroga a la hora de determinar la fecha de realización de la siguiente inspección se debe a que, en el caso contrario, se produciría un colapso en las estaciones que afectaría a los meses venideros, “comprometiendo su capacidad futura y, con ello, el cumplimiento de los fines de seguridad del tráfico, que son de interés general”.

A ello se suman las quejas de las ITV por falta de capacidad para ofrecer citas de las estaciones en varias autonomías, añade el Defensor del Pueblo, que preguntó a la Dirección General de Tráfico (DGT) si adoptará alguna medida en el caso de que resulte imposible asumir el volumen de vehículos pendientes de inspección y los periodos de vigencia de las ITV caduquen.

“La respuesta oficial indicó que la cuestión es ajena a su competencia, que está en manos de las comunidades autónomas”, aclara el Defensor del Pueblo.