Baleares prohíbe el uso de coches diésel y gasolina para turistas

La primera normativa española que prohíbe la circulación de vehículos con motor de combustión interna ya es un hecho. El Parlament balear ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, entre otras medidas, establece la prohibición de que los vehículos con motor diésel no matriculados en las islas circulen por las mismas a partir de 2025. Esta prohibición alcanzará a los de gasolina en 2035.

Los principales afectados por la nueva ley son los turistas que se desplacen con su vehículo hasta Baleares en transporte marítimo.

La prohibición no afecta a los residentes en Baleares, cuyos vehículos de combustión interna podrán seguir circulando hasta acabar su vida útil. Los vehículos diésel o gasolina matriculados a partir de esa fecha no podrán circular, lo que supone una manera su limitar la compra, según informa Eldiario.es.

Asimismo, las flotas de las empresas de alquiler tendrán que ser totalmente eléctricas en 2035. La principal patronal de rent a car en las islas asume que deberá hacer un importante esfuerzo por renovar su flota, cuya reconversión total costará unos 70 millones de euros. Para ello, disfrutará de ayudas gubernamentales.

Con el fin de facilitar la transición, el Govern balear instalará 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos hasta 2025. Con todo ello, espera que el 100% del parque móvil que circule por las islas esté descarbonizado en 2050. Los cálculos del Ejecutivo autonómico señalan que el 35% de las emisiones de CO2 en Baleares proviene del tránsito rodado.

Acogida dispar

La Ley de Cambio Climático ha tenido una acogida dispar. Mientras las asociaciones ecologistas se felicitan porque Baleares esté empezando a combatir el cambio climático en la línea que marca Europa, la industria del automóvil ha denunciado la normativa ante la Comisión Europea y el Ministerio de Economía.

Anfac y Faconauto consideran que la nueva ley es "arbitraria, inidónea y desproporcionada", "afecta gravemente" al normal funcionamiento del mercado interior y supone "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea".

Similar postura presenta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo presidente, José María Marín Quemada, remitió un escrito al presidente del Parlament, Baltasar Picornell, expresando su rechazo a la prohibición de los vehículos diésel, debido a que la medida "parece no ajustarse a los principios de buena regulación" y puede perjudicar a la actividad económica de la región.