Ancera avisa del peligro para la posventa del futuro reglamento sobre ciberseguridad

El texto supondría una amenaza para la legislación en materia de derechos de reparación y mantenimiento, según la asociación.

El texto podría conllevar un cierre completo del vehículo para los distribuidores de recambios / Redacción Infotaller
Redacción

20 de noviembre 2019 - 14:02

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Cepe) está ultimando un reglamento que desde Ancera consideran que podría resultar muy perjudicial para la distribución independiente de recambios.

Dicho reglamento, que está previsto que esté listo a principios de 2020, servirá de base para que en la Unión Europea se actualice la legislación que regula la homologación de vehículos. El texto considera como una ciberamenaza cualquier tipo de acceso y comunicación con el vehículo u otros mecanismos y prácticas de control de acceso, incluyendo el puerto OBD y cualquier conexión inalámbrica, explica la asociación.

Por ello, la patronal está participando, a través de Figiefa (Fédération Internationale des Grossistes, Importateurs & Exportateurs en Fournitures Automobiles), en las reuniones de la Cepe en las que se negocia el reglamento con el fin de “preservar los intereses de los distribuidores independientes de piezas de recambio y componentes, manteniendo al tiempo la máxima protección en términos de ciberseguridad”, apunta la organización.

De confirmarse la propuesta actual, se dejaría en manos de los fabricantes “el establecimiento de medidas de ciberseguridad discrecionales, patentadas, autodeclaratorias y no armonizadas. Esto podría provocar, en nombre de la ciberseguridad, un cierre completo del vehículo para los distribuidores de recambios”, subrayan.

Así, en el caso de que no incluyan cláusulas de salvaguardia para la posventa, este reglamento podría privar al distribuidor de recambios de cualquier acceso independiente a los datos y recursos del vehículo, indica la entidad.

Entre los aspectos que destaca se encuentran que el puerto OBD podría cerrarse; los certificados de acceso de los fabricantes de vehículos podrían no ser compatibles con las herramientas de diagnóstico y ensayo independientes, y podría impedirse el acceso directo y a distancia a los datos, “lo que daría a los constructores de vehículos un monopolio sobre los datos que comparten, decidiendo a qué coste y en qué condiciones los ceden, añaden los empresarios”.

También podría impedir que los talleres independientes lleven a cabo operaciones cotidianas de reparación y mantenimiento. Además, la sustitución de algunas piezas podría considerarse intrusiva o no ser posible la realización de actualizaciones de software de forma independiente, aseguran los empresarios.

Paralelamente, Ancera ha informado a la Comisión Europea de las amenazas que esta normativa supondría para el marco legislativo europeo en materia de derechos de reparación y mantenimiento, así como de la necesidad de establecer disposiciones para proteger el derecho de las empresas independientes a llevar a cabo prácticas laborales rutinarias y legítimas.

Por otro lado, la patronal tiene previsto participar en un estudio europeo independiente sobre ciberseguridad, con el objetivo, señala la entidad, de “demostrar que es perfectamente posible tener el más alto nivel de protección al tiempo que se permite una comunicación independiente con el vehículo y sus datos”.

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