Adeabur se reúne con representantes del Gobierno en Burgos para tratar sobre los talleres ilegales

Adeabur ha mantenido recientemente una reunión con responsables de la Administración central en la Subdelegación del Gobierno en Burgos para tratar sobre el problema de los talleres ilegales en la región, según ha informado.

De acuerdo con la entidad, este encuentro se enmarca dentro de las reuniones programadas por la patronal con distintas administraciones para activar una plataforma de canalización de las denuncias sobre reparadores clandestinos, “con el fin de optimizar los resultados en la lucha contra el intrusismo”.

De esta manera, Adeabur trasladó al subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Sáiz, y a sus acompañantes: representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Seprona y de la Inspección de Trabajo, la situación de los ilegales en esta provincia, así como las "peligrosas implicaciones" que este fenómeno suponen para la seguridad vial, la seguridad económica de los automovilistas, la seguridad ciudadana y la transparencia y el correcto ejercicio de la actividad del mercado de reparaciones, y cómo afecta negativamente a los negocios legales que generan puestos de trabajo de calidad.

Tras poner en contexto el problema, la patronal señala que el subdelegado, en nombre de la Administración nacional, hizo propia la preocupación del sector y se ofreció a apoyar cualquier iniciativa de colaboración, en la línea de lo propuesto por Adeabur, para optimizar los esfuerzos y medios de la Administración para corregir o erradicar estas actividades clandestinas.

Sáiz encontró especialmente preocupante la seguridad vial afectada y la precariedad, inseguridad y mala calidad de los puestos de trabajo de estas empresas clandestinas.

Por su parte, la patronal ha ofrecido la máxima implicación y colaboración para este fin. En este sentido, Adeabur destaca que, partiendo de información y denuncias aportadas por la entidad, se han derivado en los últimos dos mesesmás de veinte actuaciones (repartidas entre capital y diversas localidades de la provincia) de Guardia Civil, Inspección de Trabajo y de Policía Local documentando y expedientando locales donde se desarrollaban reparaciones sin disponer de prácticamente ninguna regularización legal ni administrativa.