España, neutral ante la Euro 7: Pide un "equilibrio" para garantizar la competitividad

La ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que España aboga por encontrar un "equilibrio" entre la descarbonización en el transporte y la competitividad industrial en lo que respecta a la controvertida normativa sobre vehículos Euro 7.

"Es un expediente que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y con el de Transición Ecológica y creo que lo más sensato es encontrar ese equilibrio entre esa necesaria consecución de los objetivos (de descarbonización) pero hacerlo de una manera que no afecte negativamente a la competitividad", dijo Sánchez.

La ministra respondió así a preguntas de EFE a su llegada a un consejo de ministros de Transporte de la UE celebrado en Luxemburgo en el que ocho países han pedido incluir el tema en la agenda.

Ese bloque de Estados (Italia, Francia, Polonia, Bulgaria, la República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia) se opone a la propuesta de la Comisión Europea para endurecer los estándares mínimos, extremo que tampoco gusta a la industria de la automoción, que considera que requiere inversiones y trabas burocráticas para una reglamentación que caducará en 2035.

Aunque no forma parte del grupo que pide retirar la propuesta, Alemania también se mostró crítica con los plazos de aplicación que, según el ministro germano de Transporte, Volker Wissing, son "inviables".

Oposición a la Euro 7

"¿Realmente merece la pena invertir tanto que va a tener repercusiones negativas en la transición a vehículos de emisiones cero?", se preguntó durante el debate el titular alemán, quien señaló que "la Euro 7 en su versión actual es inaceptable".

Hungría indicó también que los plazos no son "realistas", Italia pidió "normas más pragmáticas y menos ideológicas" y Eslovaquia avisó de que la norma "puede hacer que la renovación de la flota sea más lenta" y pidió que se cambie "radicalmente".

En el polo opuesto, Luxemburgo considera que no se puede "descafeinar la propuesta, al contrario, hay que reforzarla" y Dinamarca pidió también "elevar los niveles de ambición", mientras que Austria reclamó ambición pero dijo entender las "dudas sobre la fecha de entrada en vigor", y Chipre y Países Bajos se situaron en la línea de España, reclamando que la propuesta "se equilibre".

La Asociación de Constructores de Automóviles Europeos (ACEA) estima que la implementación de la normativa "Euro 7" planteada por la Comisión Europea costará entre cuatro y diez veces más de lo que proyecta el Ejecutivo comunitario y encarecerá unos 2.000 euros cada coche o furgoneta con motor de combustión.

Encarecimiento de los vehículos

En concreto, los costes se dispararán de media en 2.629 euros para los coches diésel y 1.862 euros para los de gasolina, según un estudio de la consultora Frontier Economics difundido por ACEA la pasada semana.

Con la Euro 7, el Ejecutivo comunitario pretende introducir estándares de CO2 y partículas finas más estrictos entre 2025 y 2035, fecha en la que no se podrán vender en la UE coches nuevos que emitan dióxido de carbono, y reducir también los contaminantes que desprenden los frenos y las ruedas, extremo que se endurecería en futuras revisiones de la normativa una vez que solo se puedan vender coches que no generen CO2.

A favor, con matices

"Tenemos esa posición favorable, pero tenemos que analizar los matices que puedan hacer compatible la aprobación de la Euro 7 con una situación que no nos reste competitividad como país", manifestó a su llegada al consejo la ministra española, quien no intervino en el debate.

Raquel Sánchez insistió en que buscará una posición que "equilibre ese necesario compromiso por esa movilidad que debe ser más sostenible", pero teniendo en cuenta al "sector de la industria de la automoción, que en nuestro país tiene un peso muy importante".

Para que se apruebe la Euro 7, los Veintisiete deben acordar una posición conjunta, al igual que el Parlamento, para enfilar una negociación final entre ambas instituciones, con ayuda de la Comisión Europea, que podría coincidir con la presidencia española del Consejo de la UE, que arranca el próximo 1 de julio.